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La Paz, 7 de junio (Ministerio de Minería).- El Gobierno de Bolivia a través del ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, y el Procurador general del Estado, Pablo Menacho, suscribieron un Contrato Transaccional para dar cumplimiento pleno, oportuno y definitivo al Laudo de 16 de septiembre de 2015, emitido por un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del arbitraje Caso CIADI Nº ARB/06/2, con las empresas Demandantes, Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. (NMM).
Mediante la suscripción del Contrato Transaccional, el Estado boliviano compensó definitivamente a las demandantes con un monto de US$42,6 millones, lo que le significó un ahorro de US$108 millones (72%), frente a la pretensión inicial de US$150,8 millones de Quiborax y NMM.
El acuerdo logrado por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Minería y Metalurgia, incluye la renuncia por parte de Quiborax y NMM al 20% del monto neto de la indemnización, el 50% de los intereses y la totalidad de las costas determinadas por el Laudo. Menacho precisó que esto significa un ahorro de 14 millones de dólares con relación al monto laudado, porque se debía pagar una compensación de 57,2 millones de dólares.
Navarro explicó que la administración de Evo Morales valora cualquier acción que vaya a recuperar los recursos naturales, aunque es crítica, como en este caso, con la “forma irresponsable” en la que se condujo la recuperación del área concesionada en el Salar de Uyuni porque dio argumentos para una demanda y el resultado final.
“La única decisión política que tomó Carlos Mesa en su condición de Presidente, con un mal asesoramiento jurídico nos ha llevado a este tipo de efectos económicamente lamentable para nuestro país y nos vemos obligados a cumplir esta sentencia”, expresó el ministro durante la conferencia de prensa efectuada en el Auditorio del Ministerio de Minería.
Asimismo, con esta acción se da estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado boliviano, bajo el Convenio CIADI y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Bolivia y Chile.
“Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un Tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países” dijo el procurador general Pablo Menacho.
La controversia surgió en julio del año 2004, a raíz de la “revocatoria” de concesiones mineras a la empresa boliviana (con mayoría de capitales chilenos) Non-Metallic Minerals S.A., durante el gobierno del ex presidente Carlos Mesa. Dicha medida se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la “declaratoria de nulidad” de dichas concesiones. Todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días que no fue cumplido.
