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A 72 años de la nacionalización de las minas, Bolivia es aún bendecida con socavones con importantes cantidades de mineral, cuya explotación y comercialización están con cifras positivas, con la generación de recursos económicos para el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos Laura, dijo que los mineros deben recibir en esta fecha todos los reconocimientos por sus logros productivos, porque con su sacrificado trabajo juegan un papel fundamental en el progreso nacional.
“El sacrificio, el heroísmo y la perseverancia de los trabajadores mineros para la explotación de las minas merece especial reconocimiento, porque son un pilar principal en el proceso de producción del país”, enfatizó.
Las cifras oficiales contabilizadas sobre el papel de la minería para el desarrollo son más que elocuentes y denotan su relevancia, de acuerdo con el Dossier de Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980-2022.
Entre 2020 y 2022, el aporte de la minería al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) se elevó de Bs 1.656 a Bs 2.297 millones.
El valor de producción de los principales minerales se incrementó de $us 3.253.107.858 a $us 6.761.451.675.
En el caso de las exportaciones del sector, su valor se elevó de $us 3.085.627.106 a $us 6.688.910.480. La exportación de minerales concentrados aumentó de $us 1.476.576.449 a $us 2.854.638.682.
El impulso gubernamental para la extracción de minerales hizo que la inversión pública suba de $us 56,7 a $us 229,4 millones.
Entre los beneficios para la economía, la renta minera para el caso de las regalías subió de $us 130.102.177 a $us 238.130.993. En referencia a impuestos se incrementó de $us 62.989.965 a $us 431.944.809. La patente minera subió de $us 4.232.249 a $us 6.680.781.
La cifra de empleos creados aumentó de 132.987 a 143.441 personas, para el bienestar de familias que viven exclusivamente de la explotación de minerales hacia varias generaciones.
Según datos históricos de la Corporación Minera de Bolivia, el 31 de octubre de 1952 se firmó el Decreto Supremo Nº 2332 de la Nacionalización de las Minas. La rúbrica del documento se efectuó en la “Pampa de María Barzola”, que fue el escenario de la denominada Masacre de Catavi perpetrada en 1942.
El artículo primero de ese instrumento legal revirtió al dominio del Estado, por causa de utilidad nacional, todas las concesiones otorgadas a los grupos mineros de Simón Iturri Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo.
El segundo artículo de esa norma instruyó la expropiación en favor del Estado de todas las propiedades y bienes de las empresas Patiño Mines & Enterprises Consolidated Inc.; Bolivian Tin & Tungsten Mines Corporation, con subsidiaria Sociedad de Estaño de Araca; Compañía Minera y Agrícola Oploca de Bolivia; Compañía Huanchaca de Bolivia; Compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí; Compañía Minera de Oruro, con sus subsidiarias la Compañía Estañífera de Vinto y la Sociedad Estañífera de Morococala.
También en los casos de la Empresa Minera Matilde; Minas Pampa Grande; la Empresa Minera Bolsa Negra; el Grupo Minero Venus y Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie S.A.; las instalaciones industriales pertenecientes a Mauricio Hochschild S.A.M.I. destinadas a la explotación minera.
El artículo tres del decreto supremo estableció los montos indemnizables en favor de los propietarios de las empresas nacionalizadas, de acuerdo con un estudio practicado por la Comisión de Nacionalización de Minas. Se tomó en cuenta como base el valor contable de sus balances al 31 de diciembre de 1951, considerando las deducciones procedentes.
Con el liderazgo del presidente Luis Arce Catacora, el Ministerio de Minería y Metalurgia continuará con la promoción de las políticas de desarrollo de su sector, para generar valor de producción e industrialización, basado en la innovación y la responsabilidad social-ambiental en beneficio de todos los bolivianos.
