|
|
Oruro, 23 de julio de 2021(MMM/UCO).- Artículo escrito por el ministro de Minería y Metalurgia, Ing. Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, en el suplemento "Perspectiva Minera" del Periódico La Patria.
Las instituciones, como las personas, tienen una historia. Por supuesto, la institucionalidad pública de desarrollo minero del país, no escapa a esta condición. Posee una memoria corta y una memoria larga. Una memoria corta de gestiones cercanas, y emergentes sobre todo del aparato institucional posterior a la revolución del 52, donde la COMIBOL asume responsabilidades de directriz, para posteriormente ser reemplazada por la iniciativa privada, creándose luego el Ministerio del sector, como aparato rector de la minería en el país. Una memoria larga, que se disuelve en el tiempo, es decir, una memoria que emerge de las diferentes formas de gestión de la minería, desde el Estado, e inclusive desde el periodo colonial. Y que corresponde al ciclo de la plata y a parte importante del ciclo del estaño. Leer a fondo la historia de la minería del país es además comprender los pasivos institucionales acumulados en el tiempo, pasivos que no son fáciles de erradicar y que constituyen el inconsciente -como lo entendió Laclau- de la política minera estatal.
Es más, es imposible pensar las instituciones públicas mineras al margen de la historia de la minería en el país, de sus principales actores, proyectos y empresas, donde no deja de jugarse una gravitante dialéctica de intereses. Una historia que trasciende la historia económica y se expresa además desde lo social y político.
Con evidencia, en el periodo de la famosa "rosca minero feudal", el Estado era un simple y obediente administrador de los intereses de los Barones del Estaño. De manera similar en el periodo neoliberal, donde las transnacionales y sectores hegemónicos del empresario privado boliviano -pensemos en Goni- definían la política minera para su propio beneficio. Hoy, la Constitución Política del Estado lo dictamina de manera contundente: "los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano". Lograr este postulado, supone una lucha sin cuartel para que el discurso encarne en una realidad tangible.
Vivimos una historia que en su condición presente no deja de retrotraer elementos del pasado que permanecen todavía de manera latente, junto a fuerzas que desde la política y la economía despliegan un asedio permanente a la redistribución equitativa de la producción minera en Bolivia. Nos encontramos, como creía Gramsci, entre lo nuevo que nace y lo viejo que se resiste a morir. Las inversiones, una nueva minería, un capital profesional actualizado y competente, el cuidado de la Madre Tierra son desafíos permanentes.
Dentro el contexto actual, el Ministerio de Minería y Metalurgia, confronta factores de inflexión evidentes, muchos de los cuales se explican por lo señalado anteriormente. En estos seis meses de gestión, de noviembre del 2020 a mayo del 2021, el Ministerio de Minería y Metalurgia enfrenta un proceso de transición en cuatro frentes:
1° Asumir responsabilidad político-administrativa dentro la nueva gestión de Gobierno del Presidente Luis Arce, lo que supone retomar lineamientos estratégicos del Proceso de Cambio, en un nuevo escenario, es más, con nuevos desafíos de gestión.
2° Haber recibido el Ministerio en una situación crítica. La pasada gestión, fuertemente vulnerada por la administración injerencial de un gobierno de excepción, afectó a esta Cartera de Estado, que sufrió la intervención de instituciones y proyectos mineros, expulsando masivamente a personal calificado, irrespetando y abstrayendo planes y proyectos mineros, fracturando la institucionalidad del sector, malversando recursos y paralizando el aparato productivo minero.
Sobre esta herencia caótica, que incluso ha tronchado le ejecución del último año del Plan de Desarrollo Integral Minero vigente, la actual gestión del Ministerio de Minería y Metalurgia enfrenta el desafío de su reconstitución y reconducción, en la perspectiva de una minería de beneficio para todos los bolivianos.
3° El Plan de Desarrollo Integral Minero Metalúrgico 2016-2020, ha cesado el año pasado. Hoy, el Ministerio de Minería y Metalurgia se halla en el proceso de elaborar un nuevo plan para la gestión 2021-2025 (en el marco de la Agenda Patriótica 2020-2025), retomando Políticas del anterior plan que se hallan en proceso de desarrollo, pero además introduciendo ajustes; precisamente, con este propósito, se halla en proceso de realización la Cumbre Minera.
Esta, se halla recogiendo aportes, críticas y sugerencias de los diferentes actores mineros, a través de una participación orgánica; sobre esta base, y niveles necesarios de concertación es posible realizar el ajuste necesario de las Políticas Mineras que plantearán las directrices de la minera de los próximos años. Es más, fuera de enunciarlas, la exigencia de trabajar su diseño y ejecución en base a una coordinación integral, en el marco del Proceso de Cambio. Como el anterior Plan, y la propia Ley 535 de Minería y Metalurgia, la participación de los actores mineros es fundamental. Es voluntad del Gobierno del compañero Luis Arce, tener estrategias concertadas, evitando así la imposición vertical, propia de gestiones de gobierno neoliberales.
4° La pandemia del Corona Virus, ha afectado a los diferentes actores de la minería, tanto laboral, económica como social y sanitariamente, generando dificultades dentro el proceso productivo. Hoy, se desarrollan formas alternativas de gestión que al mismo tiempo protejen la salud de los trabajadores y favorecen la salud productiva del aparato minero.
Este bloque, arduo en reajustes y reactivación, no impide la gestión regular de actividades del ministerio, atendiendo y discutiendo problemáticas de los diferentes sectores productivos, haciendo seguimiento y potenciado las diferentes empresas y proyectos mineros.
La dinámica de este semestre, implica además una coordinación intensiva con las diferentes instituciones vinculadas a la minería estatal: COMIBOL, AJAM, SERGEOMIN, SENARECOM, y empresas del sector, lo que tiene su correlato, con el diálogo y participación de los tres actores mineros.
Nos movemos actualmente en un contexto favorable a la explotación minera, lo dice el precio internacional de los minerales: la plata está entre 25 a 26 Dls. OT, el oro en 1.800 Dls OT, el estaño en aproximadamente en 15 Dls. la LF, el zinc en aprox. 1.30 Dls. la LF, el plomo en 1.04 Dls. La LF. Precios que, junto al trabajo incansable de los 3 actores mineros, les permite en general una vida digna junto a sus familias, y con mucho más beneficio para el país, en comparación con la minería de la pasada gestión del golpe.
El cambio minero entiende que la minería es un medio, y que el fin es la redistribución equitativa de los excendentes de esta actividad productiva, es decir, el fin son los bolivianos. Entiende también, que nos movemos en un mercado internacional donde se privilegia una inversión geopolítica del capital, y donde se abre un mercado que introduce nuevas demandas de mineral y el mismo mantiene fuertes niveles de colusión en función de intereses transnacionales. Entiende que la Constitución Política del Estado y la Ley 535 de Minería y Metalurgia favorecen a una mayor democratización de la actividad minera, al menos con un enfoque más social y menos favorable al orden plutocrático.
Entiende que debe ser una lucha permanente para sacudirnos de las fuerzas hegemónicas y subyacentes que han manejado la minería durante décadas y que todavía se expresan desde posiciones conservadoras, incluso desde el propio aparato del Estado. Entiende además que los trabajadores mineros han sido históricamente los defensores inclaudicables de la riqueza minera del país y que su ejemplo permanece vivo. Y, finalmente, que el cambio minero no es competencia exclusiva del estado, sino de los diferentes actores mineros y regiones que participan en el diseño de las políticas públicas, a través de la Cumbre Minera.
